El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)dictaminó el pasado jueves 12 de septiembre una sentencia en la que indica que el hecho de que un operador disponga de una autorización para ofrecer juegos de azar en un Estado miembro no impide que otro país miembro supedite la posibilidad de que dicho operador ofrezca sus servicios a los usuarios residentes en su territorio a la obtención de una autorización expedida por sus propias autoridades. Por consiguiente, sin que se oponga a ello el hecho de que un operador concreto cuente ya con una autorización concedida en otro Estado miembro.
“Los distintos Estados miembros no disponen necesariamente de los mismos medios para controlar los juegos de azar y no toman necesariamente las mismas decisiones a este respecto [...] un Estado miembro puede verse obligado, legítimamente, a querersupervisar una actividad económica que se desarrolla en su territorio, lo que sería imposible si tuviera que fiarse de los controles efectuados por las autoridades de otro Estado miembro mediante sistemas reguladores que él mismo no controla”, establece el TJUE.
De esta forma, el Tribunal interpreta los artículos 43 y 49 CE en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que impide de hecho "toda actividad transfronteriza en el sector del juego", con independencia de la forma en que dicha actividad se lleve a cabo y, en particular, en los casos en que tenga lugar un contacto directo entre el consumidor y el operador y en que los intermediarios de la empresa presentes en el territorio nacional pueden estar sujetos a un control físico con fines de policía. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si ello es así por lo que respecta a la cláusula 23, apartado 3, del modelo de contrato.
